uién debe decidir sobre la propia muerte? La mayoría de la sociedad aplaudiría la apertura del diálogo sobre un tema que incomoda especialmente a los sectores más conservadores. Eutanasia y suicidio asistido, a debate. Algo parece que está claro, y es que hay que dar pasos adelante. El caso de Inmaculada Echevarría, que decidió ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, o anteriormente el de Ramón Sampedro, a quien le fue administrado un fármaco letal por una tercera persona, mantienen abierta la necesidad de avanzar en una legislación que se queda corta para la mayoría de la sociedad española.
El pasado mes de septiembre, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anunció que preparaba una Ley sobre Muerte Digna que -según quienes la promueven- apura hasta el límite lo establecido sobre eutanasia y suicidio asistido, ambos ilegales en la actualidad. Seguidamente el gobierno anuncia que regulará el suicidio asistido, para evitar diferencias entre los territorios a la hora de garantizar una muerte sin sufrimiento, a la vez que otras comunidades, como Cataluña, se apuntan a secundar iniciativas en esta línea, después de haber promovido el Testamento Vital en su territorio. Algo se mueve, aunque con demasiada lentitud para los que esperan.
El gobierno define su posición por boca del Ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien afirmó que se prepararán los cambios que sean necesarios para garantizar a los enfermos terminales que no soportarán inútiles agonías porque "en España es completamente legal el derecho a no padecer", matizando además que es cada uno el que debe decidir sobre su propio cuerpo, y no la Iglesia o un partido político. Y es que en España es legal la limitación del esfuerzo terapéutico, así como la sedación terminal, sin embargo la realidad es que la aplicación de las medidas indicadas en cada caso varían en función del signo de cada comunidad autónoma, de cada hospital, o incluso de cada médico.
Por eso, es urgente una regulación que establezca con claridad cuáles son los derechos exigibles por todos los españoles, y no sujetos a la interpretación puntual de las leyes.
uién debe decidir sobre la propia muerte? La mayoría de la sociedad aplaudiría la apertura del diálogo sobre un tema que incomoda especialmente a los sectores más conservadores. Eutanasia y suicidio asistido, a debate. Algo parece que está claro, y es que hay que dar pasos adelante. El caso de Inmaculada Echevarría, que decidió ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, o anteriormente el de Ramón Sampedro, a quien le fue administrado un fármaco letal por una tercera persona, mantienen abierta la necesidad de avanzar en una legislación que se queda corta para la mayoría de la sociedad española.
El pasado mes de septiembre, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anunció que preparaba una Ley sobre Muerte Digna que -según quienes la promueven- apura hasta el límite lo establecido sobre eutanasia y suicidio asistido, ambos ilegales en la actualidad. Seguidamente el gobierno anuncia que regulará el suicidio asistido, para evitar diferencias entre los territorios a la hora de garantizar una muerte sin sufrimiento, a la vez que otras comunidades, como Cataluña, se apuntan a secundar iniciativas en esta línea, después de haber promovido el Testamento Vital en su territorio. Algo se mueve, aunque con demasiada lentitud para los que esperan.
El gobierno define su posición por boca del Ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien afirmó que se prepararán los cambios que sean necesarios para garantizar a los enfermos terminales que no soportarán inútiles agonías porque "en España es completamente legal el derecho a no padecer", matizando además que es cada uno el que debe decidir sobre su propio cuerpo, y no la Iglesia o un partido político. Y es que en España es legal la limitación del esfuerzo terapéutico, así como la sedación terminal, sin embargo la realidad es que la aplicación de las medidas indicadas en cada caso varían en función del signo de cada comunidad autónoma, de cada hospital, o incluso de cada médico.
Por eso, es urgente una regulación que establezca con claridad cuáles son los derechos exigibles por todos los españoles, y no sujetos a la interpretación puntual de las leyes.
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